El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha decidido cancelar los contratos de concesión minera entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), poniendo fin a casi siete décadas de actividad en la concesión Quisqueya I, que se extiende entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel. Esta decisión fue tomada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía, en una sentencia emitida el 12 de agosto de 2026.
La resolución del tribunal responde a una acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en julio de 2025, tras detectar varios incumplimientos por parte de Falcondo en relación con la explotación de recursos y obligaciones económicas. Entre los puntos críticos, se destaca que las operaciones de la concesión estaban paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, y la empresa no había presentado los informes técnicos requeridos por la legislación minera.
Este fallo representa un cambio significativo en la relación contractual que comenzó en 1956, al considerar que la inactividad de Falcondo afecta el interés general en la explotación de recursos mineros. La sentencia también desestimó los argumentos presentados por la empresa para que el proceso fuera declarado inadmisible, reafirmando la gravedad de los incumplimientos.
El cierre de la concesión ha tenido un impacto económico y laboral considerable. Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024, y se estima que las reclamaciones laborales pendientes de exempleados ascienden a unos RD$300 millones. A medida que avanza el proceso de reestructuración mercantil de Falcondo, queda pendiente la resolución de las obligaciones con proveedores y contratistas locales.
