La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) expresó su preocupación este miércoles por las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y a un miembro de la Fiscalía. Los países miembros advirtieron que estas acciones podrían debilitar el Estado de derecho y el orden internacional basado en reglas.
En una declaración, la Asamblea, que reúne a 125 países firmantes del Estatuto de Roma, consideró las sanciones como un intento de obstaculizar el trabajo de la CPI en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más graves. Las sanciones fueron anunciadas el martes y afectan tanto a Akane, jueza japonesa, como a Abdoulaye Seye, abogado principal de la Oficina del Fiscal.
Los Estados Partes hicieron un llamado a mantener el compromiso con la justicia internacional y a respaldar la labor de la corte. También señalaron que la creciente presión sobre los funcionarios de la CPI podría impactar negativamente las investigaciones en curso y los esfuerzos para garantizar justicia a las víctimas.
Estas sanciones se inscriben en una campaña más amplia de la Administración de Donald Trump contra la CPI, que ha generado tensiones por las investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán. En este contexto, las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra líderes israelíes por crímenes de guerra han sido rechazadas por Washington, lo que añade más polémica a la situación actual.
