La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha señalado que los venezolanos siguen enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos, a pesar de las aparentes mejoras en la situación. En un informe reciente, la Misión destaca que las instituciones encargadas de la represión continúan operando sin cambios significativos, incluso después de la captura de Nicolás Maduro.
El equipo de expertos, que incluye a Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, observó que, tras una operación de Estados Unidos en enero, hubo una reducción en las detenciones prolongadas y liberaciones de presos políticos. Aun así, las leyes que criminalizan la disidencia permanecen vigentes, y los colectivos armados, conectados con el gobierno, siguen siendo instrumentos de represión.
Los investigadores documentaron 64 nuevos casos de tortura, revelando condiciones inhumanas en las cárceles, donde los detenidos sufren abusos y falta de atención médica. Este contexto se agrava con casos como el de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante cuyo fallecimiento bajo custodia ha resonado como un símbolo de la lucha por justicia en el país.
El informe también menciona al menos 214 arrestos arbitrarios entre septiembre de 2025 y julio de 2026, con un patrón de detenciones cortas destinadas a amedrentar a la oposición. Según datos de Foro Penal, aún hay entre 300 y 500 personas detenidas por motivos políticos, lo que refleja la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela, con la comunidad internacional atenta a la evolución de estos sucesos.
