El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha reafirmado que la adjudicación de contratos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no es «un cheque en blanco». Aseguraron que se implementará una fiscalización constante sobre los suplidores seleccionados para los periodos 2026-2027 y 2027-2028.
La controversia surge tras la adjudicación de una licitación por RD$110 millones a jóvenes de Azua, quienes administran empresas recién formadas y carecen de historial crediticio. Estas empresas están ubicadas a más de 100 kilómetros de las escuelas de San Pedro de Macorís donde deben entregar los alimentos, lo que ha generado dudas sobre su capacidad operativa.
El INABIE subrayó que el monto de cada contrato no se traduce en una transferencia inmediata de fondos, ya que los pagos se realizarán de acuerdo con las raciones alimentarias efectivamente entregadas y supervisadas. Además, afirmaron que se llevarán a cabo inspecciones continuas para asegurar que los contratistas cumplan con las normas establecidas.
Por otro lado, se aclaró que de los 2,644 oferentes que participaron en el proceso, 1,729 fueron seleccionados a través de 34 licitaciones. La reciente creación de una sociedad comercial no impide la participación, siempre que las empresas demuestren su solvencia financiera mediante documentación adecuada. Las autoridades del INABIE afirmaron que se tomarán medidas administrativas si algún proveedor incumple con los requisitos establecidos.
