La Contraloría General de la República llevó a cabo una exhaustiva inspección de 337 inmuebles relacionados con contratos de alquiler de instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026, logrando que 328 de estos recibieran autorización de no objeción. Este proceso involucró un total de contratos que superaron los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, marcando un paso importante en la fiscalización de los arrendamientos estatales.
El Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 de estos inmuebles, otorgando 236 autorizaciones, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental revisó 94 propiedades, autorizando 92. El contralor general, Geraldo Espinosa, subrayó que estas inspecciones son cruciales para asegurar que los inmuebles cumplan con las condiciones necesarias antes de que las instituciones asuman o renueven compromisos de alquiler.
Durante el período evaluado, la Contraloría recibió un total de 351 solicitudes de inspección, de las cuales 337 fueron procesadas. La mayoría de los inmuebles inspeccionados corresponden a oficinas y almacenes, así como centros educativos privados alquilados para estudiantes de escuelas públicas, destacando que muchas solicitudes eran para la renovación de contratos existentes.
La mayor parte de las inspecciones se concentró en el Gran Santo Domingo, aunque también se abarcaron provincias como Santiago y San Cristóbal. La Contraloría continua trabajando para detectar posibles inconsistencias en los contratos, garantizando así un manejo responsable de los recursos públicos. Hasta el cierre del periodo, 14 solicitudes permanecían pendientes de evaluación.
