Más de 850 organizaciones sociales, unidas bajo la Coordinadora Humanitaria, han realizado un llamado contundente al próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto. Estas entidades han insistido en que la protección de la población civil debe ser la prioridad en la política de seguridad del nuevo mandatario.
En un pronunciamiento difundido este jueves, las organizaciones han manifestado que la solución al conflicto armado no puede depender solo de estrategias militares. Resaltaron la necesidad de una presencia integral del Estado en las áreas más afectadas por la violencia, respaldando su llamado con datos del informe de la ONG Vivamos Humanos, que documentó 402 eventos relacionados con el conflicto durante el primer semestre de 2026.
Las agrupaciones han subrayado que la aplicación del derecho internacional humanitario es esencial para proteger a la población y avanzar hacia la paz. De la Espriella, por su parte, ha enfatizado que la seguridad ciudadana será una de las prioridades de su gobierno, anunciando que no habrá más negociaciones con grupos armados ilegales y que eliminará el cargo de comisionado de Paz.
La Coordinadora Humanitaria ha recordado que en años recientes han creado una infraestructura humanitaria que incluye mesas de diálogo y sistemas de alerta temprana. Estas iniciativas deben fortalecerse en la nueva administración, con el objetivo de establecer una política pública permanente que garantice la protección de las comunidades afectadas por la violencia armada en el país.
