El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir un recurso que buscaba forzar al Poder Ejecutivo a ajustar el tramo exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) en función de la inflación. Esta medida fue presentada por la asociación Vox Libertaria, que argumentó la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de la vida.
En su sentencia TC/0557/26, emitida el 16 de julio, el tribunal determinó que la ley impugnada, que se refería al Presupuesto General del Estado de 2025, ya había caducado con la entrada en vigencia del presupuesto de 2026. Los demandantes habían sostenido que la falta de ajuste en la indexación anual del ISR vulneraba derechos constitucionales como el salario justo y la igualdad.
La decisión generó diferencias entre los magistrados, destacando el voto disidente de la jueza Alba Luisa Beard Marcos, quien consideró que el tribunal debía abordar el fondo del asunto debido a su relevancia social. Además, el magistrado Amaury A. Reyes Torres, aunque apoyó la inadmisibilidad, sugirió la necesidad de revisar esta postura en el futuro para garantizar el control constitucional de normas temporales.
A nivel práctico, el umbral mínimo imponible para las personas físicas se ha mantenido en 34,685 pesos mensuales desde 2017, y se espera que esto cambie con la nueva Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, que aumentará el umbral exento a más de 40,000 pesos a partir de enero de 2027. La situación actual deja en el aire la discusión sobre la indexación del ISR en futuros presupuestos, mientras se espera la resolución de otro caso similar que afecta a la Ley 99-25.
