República Dominicana se encuentra en una posición complicada en el comercio con Estados Unidos, enfrentando una brecha arancelaria de 2.5 puntos porcentuales. Este desfase se traduce en un arancel del 12.5% para los productos dominicanos, en comparación con el 10% que se aplica a otras naciones que han implementado prohibiciones sobre la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La situación se agrava para el país caribeño, ya que el mercado estadounidense representa un pilar fundamental para su economía, especialmente para las zonas francas. En 2025, las exportaciones de estas zonas alcanzaron los US$8,548.6 millones, de los cuales US$2,890.4 millones correspondieron a productos médicos y farmacéuticos, según datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
El senador Félix Bautista ha señalado que esta diferencia de 2.5% podría mermar la competitividad de los productos dominicanos, afectando su acceso a uno de los mercados más importantes. Según sus estimaciones, el impacto financiero de esta brecha podría llegar a representar hasta US$182 millones anuales en pérdidas para los exportadores locales. Además, el Gobierno dominicano ha tomado medidas al respecto, como el decreto 502-26, que busca regular la importación de bienes producidos bajo condiciones de trabajo forzoso.
Con las exportaciones de zonas francas creciendo, entre enero y abril de 2026 alcanzando US$2,803.3 millones, la incertidumbre persiste sobre cómo República Dominicana podrá cerrar esta brecha. La propuesta de Bautista de crear legislación específica para abordar el tema queda en el aire, mientras el país busca estrategias para mantener su competitividad en el mercado estadounidense.
