El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha presentado una demanda contra los estados de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington. Este litigio busca impugnar leyes que permiten a estudiantes sin estatus migratorio acceder a matrículas universitarias reducidas y ayudas financieras en universidades públicas.
El Departamento de Justicia sostiene que estas leyes estatales violan la legislación federal, argumentando que permiten a extranjeros obtener beneficios educativos que no están disponibles en las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses. Las disposiciones cuestionadas autorizan a las universidades de estos estados a ofrecer tarifas de matrícula a residentes y becas, sin importar la situación migratoria de los estudiantes.
En su defensa, el Departamento de Justicia ha afirmado que estas leyes constituyen una forma de discriminación inconstitucional contra ciudadanos estadounidenses y fomentan la inmigración irregular. Además, citan un informe que indica que más de 3,600 migrantes indocumentados al año podrían beneficiarse de estas tarifas en Arizona, lo que intensifica la preocupación sobre el impacto de estas políticas.
Esta demanda es parte de una estrategia más amplia del Gobierno para cuestionar las políticas estatales que benefician a inmigrantes sin estatus regular. Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha demandado a 21 estados por situaciones similares, marcando un nuevo capítulo en la lucha entre el Gobierno federal y diversas entidades estatales sobre los beneficios públicos accesibles para inmigrantes indocumentados.
