El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de las conversaciones de ‘paz total’ con varios grupos armados ilegales, un proceso que había sido iniciado por su predecesor, Gustavo Petro. Esta decisión se formalizó a través de resoluciones emitidas la noche del viernes, afectando diálogos que no lograron avanzar como se esperaba.
De la Espriella revocó nombramientos de representantes del Gobierno y los reconocimientos a delegados de los grupos en los diálogos. Entre las organizaciones impactadas se encuentran el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El nuevo gobierno enfatizó su derecho constitucional a decidir sobre las negociaciones de paz, lo que ha generado reacciones variadas en el país. Muchos observadores consideran que esta medida podría complicar aún más la situación de violencia en ciertas regiones, donde estos grupos han tenido influencia.
Aún quedan interrogantes sobre el futuro de la seguridad en Colombia y las posibles repercusiones de esta decisión. La comunidad internacional y los ciudadanos locales estarán atentos a los próximos pasos del Gobierno y las reacciones de las organizaciones armadas que han sido excluidas de estas conversaciones.
