La reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre el Decreto 308-06 ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que esta normativa estará vigente por dos años mientras se discute en el Congreso un proyecto de ley que regulará el horario de expendio de bebidas alcohólicas. Los expertos consultados han expresado sus opiniones sobre las implicaciones legales y sociales de esta medida.
Juristas como Hidian Medina, Ramón Díaz y José Bello señalaron que la restricción en la venta de alcohol se tomó ante un aumento de la criminalidad y accidentes relacionados con el consumo de bebidas después de la medianoche. Este contexto llevó a las autoridades a priorizar el derecho a la vida, aunque, según los especialistas, esta decisión también plantea conflictos con derechos fundamentales como la libertad de tránsito y recreación. Medina destacó que la medida surgió de un estado de necesidad, lo que justificó la intervención del Tribunal Constitucional.
Ramón Díaz calificó la decisión del Tribunal como “atinada”, enfatizando que la regulación no implica una violación de derechos, ya que busca proteger el bienestar ciudadano. Sin embargo, José Bello criticó que el decreto, emitido durante la pandemia, aún se mantenga vigente, considerándolo perjudicial para el desarrollo de pequeños negocios y la economía local en barrios y ciudades.
El Tribunal Constitucional declaró el decreto inconstitucional, argumentando que solo puede regularse mediante una ley del Congreso. La Procuraduría defendió el decreto como una medida legítima, mientras que Faride Raful reafirmó su compromiso de trabajar junto al Congreso para crear una legislación que responda a las necesidades actuales del país.
