La situación carcelaria en República Dominicana se ha vuelto crítica, con más de 16,950 internos en prisión preventiva, lo que representa el 65.5% de un total de 25,878 reclusos. Muchas de estas personas llevan años esperando una sentencia, lo que plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y el sistema de justicia del país.
Con datos de febrero de 2026, el sistema penitenciario enfrenta una grave sobrepoblación, ya que apenas hay 16,000 plazas disponibles, generando un excedente de casi 10,000 reclusos. Este hacinamiento ha llevado a que algunos, como un caso reportado, permanezcan 20 años en prisión preventiva sin haber sido condenados, lo que refuerza la urgencia de reformar el sistema.
Ante esta crisis, ha surgido el concepto de “pronóstico o riesgo criminológico”, que busca evaluar quiénes pueden enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, la implementación de esta figura legal es compleja y no garantiza la libertad de los imputados, ya que su aplicación depende de criterios establecidos en el Código Procesal Penal, que no se vinculan directamente con la prisión preventiva.
Las nuevas unidades de apoyo a la justicia penal, que se encargarán de elaborar informes sobre la situación de los internos, podrían aportar un cambio positivo. No obstante, aún queda por ver cómo se reglamentarán y si realmente contribuirán a aliviar la crisis en las cárceles dominicanas, donde la lucha por un sistema más justo continúa.
