El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha presentado una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 310 del nuevo Código Penal, alegando que este pone en riesgo el derecho a la defensa y el debido proceso. La organización considera que la norma cuestionada limita la independencia de la abogacía y afecta gravemente las garantías constitucionales de los ciudadanos.
La impugnación se realizó este lunes en el Tribunal Constitucional, donde el presidente del CARD, Potentini, asistió junto a miembros de la directiva y expresidentes de la institución. Durante la presentación, argumentaron que la normativa podría obstaculizar el acceso de los ciudadanos a una defensa jurídica efectiva, comprometiendo así el ejercicio profesional de los abogados.
En su declaración, el CARD enfatizó que la defensa técnica es un pilar fundamental del debido proceso y que cualquier regulación que impacte a los abogados debería ser sometida a un estricto examen de constitucionalidad. Además, reafirmaron su postura de oponerse a cualquier disposición legal que, a su juicio, limite injustificadamente el ejercicio de la profesión o afecte derechos fundamentales.
La organización ha manifestado su intención de seguir de cerca el proceso judicial y espera que el Tribunal Constitucional determine la compatibilidad del artículo con la Constitución. Este caso ha generado un amplio interés en el ámbito legal y podría tener repercusiones significativas en la forma en que se ejerce la abogacía en el país.
