El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a varios coimputados vinculados a una red criminal que desfalca al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según informó el Ministerio Público. La medida también fue confirmada para Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y Ramón Alan Speakler.
Durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó que no se modificara la medida de coerción, argumentando que "no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción". El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.
El tribunal modificó la medida para Rafael Martínez Hazim, quien pasará a arresto domiciliario con dispositivo electrónico, además de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos y tener impedimento de salida del país, debido a una condición médica presentada por su defensa.
El juez recordó la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y el daño causado al Estado y a la sociedad, y citó la necesidad de aplicar un test de ponderación conforme a una decisión del Tribunal Constitucional. La defensa de algunos imputados solicitó desglosar la audiencia de revisión, pero el juez declaró inadmisible ese recurso y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El caso, que se inició con la Operación Cobra, involucra cargos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público ha señalado que se trata de un esquema de corrupción sistemático que afectó a los afiliados de SeNaSa.
Además, el Ministerio Público ha realizado otras operaciones relacionadas, como la Operación Onco14 y la Operación Cobra 2.0-A, que han llevado a arrestos y medidas de coerción contra personas vinculadas a fraudes en instituciones de salud pública y asociaciones sin fines de lucro.
