El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso condenas de entre 3 y 10 años de prisión a los integrantes de una red dedicada al contrabando, acopio y distribución de armas de fuego de alta potencia. La estructura operaba principalmente desde los municipios de Licey al Medio y Moca. El tribunal basó las sanciones en pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por la fiscal Aida Medrano Gonell.
La operación que permitió desmantelar esta red incluyó la cooperación de unidades SWAT de la Policía Nacional, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y el FBI. El grupo introducía al país armas adquiridas en Estados Unidos ocultas en tanques con dobles fondos de empresas de transporte. Luego, almacenaban los armamentos en residencias de los imputados y familiares antes de venderlos a otras organizaciones delictivas.
En los allanamientos se incautaron 18 pistolas Glock 9 mm, 3 revólveres, 2 escopetas, vehículos y equipos electrónicos, además de cerca de 700,000 pesos en efectivo. Los condenados fueron sancionados además con multas y acusados por asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas y lavado de activos, con lectura íntegra de la sentencia fijada para el 16 de octubre.
