El Ministerio Público informó este miércoles que las defensas de Jean Alain Rodríguez y otros acusados continúan aplicando estrategias para retrasar el proceso judicial, incluyendo la presentación de recusaciones, aplazamientos y licencias médicas. Estas acciones buscan impedir que se conozcan las pruebas que, según la institución, demostrarán la responsabilidad penal de los imputados en el caso por corrupción administrativa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que la recusación presentada contra las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional carece de fundamentos legales y fue promovida tras decisiones del tribunal que no favorecieron a las defensas. Las juezas recusadas explicaron que la decisión sobre la recusación será tomada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y mientras tanto se apartan de cualquier actuación procesal relacionada con el caso.
El tribunal fijó tentativamente para el 16 de noviembre la próxima audiencia y decidió diferir la resolución de 21 incidentes presentados por las defensas para fallarlos junto con el fondo del caso, debido a la complejidad y necesidad de un análisis profundo de las pruebas y hechos involucrados.
El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez y otros implicados de malversar más de seis mil millones de pesos durante su gestión como procurador general entre 2016 y 2020. Los cargos incluyen corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Además de Rodríguez, figuran en el expediente varias personas señaladas por su presunta participación en estos hechos.
Ortiz expresó confianza en que la Corte de Apelación rechazará la recusación y afirmó que las defensas rehúyen al conocimiento de las pruebas, pero aseguró que "las pruebas hablarán y evidentemente que vendrán las sentencias condenatorias". También indicó que el tribunal ha rechazado solicitudes de plazos extendidos para la presentación de recursos por considerar que no se ajustan a la normativa procesal penal.
