Nuevas acusaciones han surgido sobre el proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el suministro del almuerzo escolar, que abarca más de RD$1,900 millones para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís. Este proceso ha sido objeto de denuncias por supuestas irregularidades desde hace casi un año, cuando proveedores llevaron sus quejas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La licitación se inició el 24 de noviembre de 2025 y fue adjudicada el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después. Según Pedro Lara, abogado de los proveedores afectados, varias empresas que fueron descalificadas por el propio INABIE terminaron recibiendo contratos millonarios, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia del proceso.
Documentos revelan que 51 empresas fueron adjudicadas en San Pedro de Macorís, de las cuales 15 habían sido descalificadas por incumplir requisitos. Algunos casos son especialmente cuestionados, como el de Manuel Emilio Mejía Molina, quien recibió RD$31 millones pese a supuestas irregularidades en su documentación. Además, se mencionan vínculos entre algunos adjudicatarios y personal del INABIE, lo que aumenta las dudas sobre la legalidad del proceso.
Ante estas irregularidades, varios proveedores han presentado un recurso de revisión administrativa, argumentando violaciones a sus derechos y al principio de igualdad. Mientras tanto, el INABIE ha suspendido a 14 proveedores por fallos en los procesos de entrega de alimentos, y se han programado nuevas inspecciones. La situación deja en el aire la necesidad de aclarar si estas denuncias son casos aislados o si evidencian problemas más profundos en la gestión de estos contratos.
