El caso del pastor Ángel Gabriel Capellán ha tomado un giro inesperado, ya que varios padres y allegados al centro donde se encontraban los menores han salido en apoyo del acusado. Durante protestas en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, afirmaron que los niños recibían un buen trato y estaban en un entorno adecuado. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Capellán fue aplazada para el próximo 15 de septiembre, dejando en el aire importantes declaraciones de los padres sobre el cuidado de sus hijos.
Una madre presente en el tribunal afirmó que decidió llevar a sus hijos al centro de la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” porque consideraba que allí se les brindaba un trato correcto. Denunció que, tras la intervención de las autoridades, no han podido ver a sus hijos, y que sus intentos de contacto han sido infructuosos. La defensa, liderada por el abogado Manuel Soto Lara, sostiene que los padres no ven a Capellán como responsable y cuestionan la representación que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) hacen de ellos.
El abogado también indicó que algunos menores, durante las entrevistas en Cámara Gesell, expresaron su deseo de regresar al centro y mencionaron que consideraban a Capellán como una figura paterna. Estas declaraciones contrastan con las acusaciones del Ministerio Público, que señala al pastor por presunto maltrato físico y psicológico, así como por privación de alimentos y explotación laboral en detrimento de los menores. Además, la defensa cuestiona la validez de las pruebas presentadas, sugiriendo que el testimonio de un solo menor no es suficiente para sustentar una condena.
La audiencia no pudo avanzar debido a que se solicitó la inclusión formal de las madres en el proceso, un paso que permitirá que el abogado que las representa participe en la próxima sesión. Así, el caso se encuentra en un punto crítico, con versiones encontradas sobre la situación de los menores en el centro, y la decisión sobre la medida de coerción se tomará el martes 15, mientras las familias esperan respuestas sobre el futuro de sus hijos.
