Una coalición de 23 fiscales estatales, junto al gobernador de Pensilvania, ha presentado una demanda contra el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) por una nueva regla que afecta el voto por correo. La acción legal se lleva a cabo en Los Ángeles y busca impugnar una normativa que, según los demandantes, limita el acceso al sufragio y viola la autoridad constitucional de los estados para manejar sus procesos electorales.
La controversia se centra en una regulación emitida recientemente por USPS, la cual requiere que los estados registren a todos los votantes elegibles para votar por correo. Además, establece que el Servicio Postal debe crear listas específicas de votantes para cada estado y fija nuevos requisitos para los sobres utilizados para las boletas electorales. Aquellas boletas que no estén en las listas o que no cumplan con los nuevos estándares no serán entregadas, lo que podría restringir aún más el acceso al voto.
Esta regulación fue impulsada por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ha sido objeto de disputas legales. Aunque un tribunal federal previamente bloqueó la orden, la Corte Suprema decidió que la coalición de fiscales puede seguir cuestionando el reglamento de USPS en los tribunales. Rob Bonta, fiscal general de California y líder de la coalición, ha calificado la norma como un abuso de poder y advierte que esta lucha legal apenas comienza.
La demanda incluye el respaldo de fiscales de estados como Massachusetts, Nevada, y Nueva York, entre otros. Este caso abre un nuevo frente en las disputas sobre el voto por correo en Estados Unidos, y se espera que los tribunales determinen si USPS actuó dentro de sus competencias y si la regulación debe ser bloqueada mientras avanza el proceso judicial.
