Un juez federal en Colorado ha decidido suspender temporalmente parte de una ley que fortalecía las inspecciones en centros de detención de inmigrantes. La medida, que afecta a los centros privados, se dio a conocer este jueves y se espera que esté vigente hasta el 15 de octubre, coincidiendo con la fecha de vencimiento del contrato de GEO Group con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El fallo del juez Daniel Domenico se produjo tras una demanda presentada por GEO, que busca frenar la ley estatal aprobada este año, la cual pretende mejorar la supervisión de la salud y seguridad de estas instalaciones. Aunque el juez bloqueó ciertos requisitos, mantuvo la autoridad del estado para investigar un caso de tuberculosis en una instalación ubicada en Aurora, al este de Denver.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, expresó su descontento por la decisión, aunque resaltó que la autoridad estatal para proteger la salud pública no se ve afectada. En este sentido, Colorado ha demandado a GEO para que cumpla con una orden de salud pública relacionada con el caso de tuberculosis, una acción que se fundamenta en leyes existentes y no en las nuevas disposiciones de la ley.
La situación en Colorado refleja un patrón más amplio en el país, donde estados como Washington han enfrentado batallas legales similares con GEO respecto a las inspecciones sanitarias. A medida que el caso avance, se espera que se clarifique el alcance de la autoridad estatal sobre estas instalaciones privadas, en medio de un debate nacional sobre la supervisión de la salud pública en centros de detención de inmigrantes.
