Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales dominicanos han recibido un total de 8,045 sentencias donde diversas instituciones públicas son las partes demandadas. La Junta Central Electoral (JCE) se destaca con 4,525 casos, siendo la más demandada, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con 1,184 casos, Aduanas con 391, y el Ministerio de Educación con 315 sentencias.
Los motivos detrás de estas demandas son variados. En el caso de la JCE, la mayoría de los procesos están relacionados con el Registro Civil, incluyendo nulidades de actas de nacimiento y disputas de filiación. Por su parte, la DGII enfrenta sobre todo controversias tributarias, donde los contribuyentes impugnan decisiones de la administración fiscal.
A pesar de que la JCE lidera en cantidad de sentencias, no es la que enfrenta la mayor carga económica. Instituciones como Bienes Nacionales han tenido que desembolsar sumas significativas, alcanzando condenas de hasta RD$1,500 millones por expropiaciones. Esto resalta que el número de demandas no siempre se traduce en costos elevados para el Estado.
El desglose de sentencias muestra que, de las 8,045 registradas, las más comunes incluyen recursos contenciosos tributarios y administrativos. Este panorama, aunque revelador, invita a una lectura más profunda del tipo de procesos que enfrenta cada entidad, sugiriendo que la situación judicial de las instituciones es más compleja de lo que parece.
