El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha señalado a California por no proteger adecuadamente a mujeres reclusas de abusos y acosos sexuales en dos cárceles del estado. Tras una exhaustiva investigación, se reveló que el personal penitenciario mostró un patrón de conducta sexual inapropiada, con deficiencias en las medidas de seguridad y en los procedimientos de denuncia confidencial.
La investigación se centró en las cárceles de Chowchilla y Chino, donde se alegó que las reclusas fueron víctimas de agresiones sexuales a manos del personal. Las acusaciones incluyen violaciones, manoseos y coerción para obtener favores sexuales, lo que ha llevado al DOJ a afirmar que se han violado gravemente los derechos de estas mujeres, garantizados por las Enmiendas Octava y Decimocuarta de la Constitución.
El informe también destaca que el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California (CDCR) no ha implementado de manera efectiva la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones (PREA). El gobierno ha dado un plazo de 49 días a California para abordar los problemas identificados, con la posibilidad de iniciar acciones legales si no se realizan cambios significativos.
Esta intervención se produjo tras una denuncia civil presentada en septiembre de 2024, en la que 21 mujeres encarceladas expusieron sus experiencias de abuso que ocurrieron entre 2014 y 2020. A medida que avanza la situación, será crucial observar cómo responde California a estas serias acusaciones y qué medidas se implementarán para proteger a las reclusas en el futuro.
