La República Dominicana enfrenta un creciente dilema en cuanto a la seguridad de sus ciudades, donde miles de edificaciones se levantan sobre territorios vulnerables. Este fenómeno ha resurgido en la opinión pública tras los recientes terremotos en Venezuela y Colombia, evidenciando la necesidad urgente de fortalecer el Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M) con tecnologías adecuadas como boyas y sensores submarinos.
El país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, y a pesar de los esfuerzos por establecer sistemas de alerta, la calidad de las construcciones representa un gran desafío. En áreas como Herrera y Los Alcarrizos, la densidad poblacional alcanza niveles alarmantes, con aproximadamente 11,000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que pone en evidencia que muchas de estas edificaciones no cumplen con los requisitos de seguridad necesarios para soportar un eventual desastre natural.
Expertos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) advierten sobre el riesgo sísmico significativo, especialmente por el prolongado silencio de la Falla Septentrional, que acumula casi 80 años sin un gran terremoto. En este contexto, se hace un llamado a mejorar la calidad de las construcciones y a fortalecer la regulación del sector inmobiliario, ya que el crecimiento vertical de las edificaciones podría aumentar la vulnerabilidad de la población.
Con datos alarmantes que muestran diferencias abismales entre permisos de construcción y edificaciones realizadas, la situación se vuelve crítica. Por ejemplo, en La Altagracia se registraron 1,642 construcciones frente a solo 264 permisos, lo que plantea interrogantes sobre la planificación y supervisión en el desarrollo urbano. La pregunta sigue siendo: ¿están nuestras ciudades realmente preparadas para enfrentar un desastre inminente?
