En la República Dominicana, a pesar de la clausura de más de 500 centros de salud y estética desde 2024, las tragedias relacionadas con procedimientos estéticos siguen latentes. Recientemente, la oficial de la Policía de Nueva York, Rebecca De Paula, originaria del país, falleció tras una cirugía para retirarse implantes mamarios en una clínica del Distrito Nacional, generando preocupación entre familiares y la comunidad.
Los allegados de Rebecca informaron que, tras la intervención, sufrió complicaciones severas, incluyendo diarrea, y se mencionó que podría haber contraído una bacteria. Su madre expresó su angustia al no recibir información clara sobre el estado de salud de su hija, señalando que solo le comunicaron que estaba grave, pero nunca que había fallecido. Este caso se suma a otros incidentes trágicos, como el de Rebeca Brizard, quien perdió la vida tras un procedimiento realizado por un individuo sin título profesional.
La situación ha llevado a cuestionamientos sobre la regulación y supervisión de las clínicas estéticas en el país. La Ley General de Salud 42-01 permite al Ministerio de Salud Pública cerrar establecimientos que operen sin licencia o que incumplan normas de seguridad. En marzo, la clínica Diosa, donde murió Ángela Geraldine Hernández, también fue clausurada después de que se revelaran irregularidades.
A pesar de la implementación de nuevas sanciones bajo el Código Penal, la necesidad de mayor fiscalización persiste. Las autoridades instan a la población a verificar la habilitación de los centros y la calificación de los médicos antes de someterse a cualquier procedimiento estético. Así, se busca prevenir que más vidas se vean comprometidas por la falta de regulación en este sector.
