La Jueza Clara Luz Almonte Gómez, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ha dictado una medida de coerción real por cinco millones de dólares, equivalente a 300 millones de pesos, a favor de las Sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy RD. Esta decisión surge en el marco de un reclamo relacionado con la participación pactada en el proyecto de la central eléctrica flotante Karpowership, ubicada en Azua.
El tribunal también autorizó embargos contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Karpowership, y las sociedades mencionadas. La medida se fundamenta en la existencia de un crédito justificado a favor del querellante y la necesidad de prevenir una posible insolvencia del imputado, según la resolución fechada el 26 de mayo de 2026.
El reclamo se origina de un acuerdo del 25 de mayo de 2018, que designó a Transcaribbean Energy Partners & Consulting como socio local del proyecto, con una distribución del 55% para el querellante y 45% para Dynex. A pesar de haber recibido significativas sumas de dinero por el proyecto, la parte demandada no ha cumplido con lo acordado, lo que llevó al querellante a recurrir a los tribunales tras no obtener respuestas satisfactorias a sus reclamos extrajudiciales.
Mientras las barcazas continúan operando y generando electricidad desde Azua, la situación sigue en desarrollo. La jueza también rechazó la solicitud de impedir la salida del país de Matamoros Bregni, argumentando que su condición de extranjero no es suficiente para presumir una posible fuga. La atención ahora se centra en cómo se resolverá este conflicto y si se cumplirá con el pago establecido.
