En República Dominicana, la evasión de responsabilidades alimentarias se enfrenta a sanciones más severas. Con la reciente modificación del Código Penal, específicamente en el artículo 258, se establece que quienes simulen insolvencia para eludir el pago de pensiones alimentarias pueden recibir penas de cinco a diez años de prisión. Esta medida busca reforzar la protección de los derechos de los niños y adolescentes, a pesar de la Ley 136-03 que ya regulaba estas situaciones.
La ley ha sido impulsada por el creciente número de casos en los que padres recurren a tácticas deshonestas para evitar cumplir con sus obligaciones. Historias como la de María, una madre que enfrenta la falta de apoyo del padre de su hijo, son comunes. Ella relata que su expareja alegó no tener empleo para reducir el monto de la pensión alimentaria, una situación que refleja la lucha de muchas madres en el país.
Un preocupante 93 % de padres dominicanos incumple con el pago de la pensión alimentaria, según estadísticas de 2024. Sin embargo, aún no hay cifras exactas que identifiquen cuántos de estos casos implican la simulación de insolvencia. El nuevo artículo tipifica este comportamiento como un fraude al estipular que ocultar o distraer bienes para aparentar imposibilidad de pago se sancionará severamente.
La Ley 136-03, que protege los derechos de los menores, establece que los alimentos deben cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. A medida que se implementen estas nuevas sanciones, se espera que la situación mejore para muchos niños y niñas en el país. La comunidad sigue atenta a cómo se aplicará esta normativa en casos futuros y cuál será su impacto real en la sociedad dominicana.
