El abogado Carlos Felipe alertó sobre la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar la corrupción, a pesar de las mejoras introducidas por el nuevo Código Penal. Este código, incluido en la Ley 74-25, extiende el plazo de prescripción para delitos de corrupción administrativa, buscando que estos no queden impunes y sean juzgados de acuerdo a su gravedad.
Felipe subrayó que, aunque la ampliación del periodo es un paso positivo, no será suficiente sin una inversión significativa en los cuerpos investigativos, como el Ministerio Público y la Policía Judicial. «No es suficiente, pero ayuda bastante. Entiendo que se estaría protegiendo más a las investigaciones, pero urge que se fortalezca la capacidad de la Procuraduría General de la República», indicó durante su comentario.
El nuevo Código también endurece las penas por malversación de fondos públicos, aumentando la prisión de dos a tres años a un rango de cinco a diez años. Esto significa un cambio drástico en las sanciones para quienes cometan este delito dentro de la administración pública, lo que marca un avance en la lucha contra la corrupción.
Recientemente, el partido Opción Democrática propuso que se declare imprescriptibles los delitos más graves relacionados con la corrupción, con el fin de garantizar una mayor protección de los derechos fundamentales. La discusión sobre el nuevo Código fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado para su análisis final.
