La economía dominicana enfrenta un desafío significativo debido a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), que impactan tanto a los hogares como a la infraestructura del país. Según la contribución nacionalmente determinada (NDC 3.0 RD-2025), el país deberá invertir aproximadamente USD 23,719 millones para cumplir sus compromisos climáticos, que incluyen la reducción de gases de efecto invernadero en un 28 % para 2030 y un 32 % para 2035.
Aparte de los costos asociados a estos compromisos, el país también lidia con las consecuencias de la contaminación y el calentamiento global, que se traducen en tormentas más intensas, aumento del nivel del mar y daños a la agricultura y la infraestructura. Esto se refleja en pérdidas económicas significativas y un aumento en el gasto público, mientras que el sector turístico y la productividad laboral sufren debido a fenómenos como las olas de calor.
Diversas organizaciones, como la ONG Red de Árboles, han señalado que la acidificación de los océanos, provocada por el CO₂, afecta a la fauna marina y a los arrecifes de coral, fundamentales para la biodiversidad y la protección de las costas. El Banco Mundial y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) han alertado sobre el incremento de los niveles de CO₂, que alcanzaron un récord en 2023, complicando aún más la situación ambiental del país.
La República Dominicana, que depende en gran medida de los combustibles fósiles para su energía, enfrenta la urgencia de transformar su matriz energética hacia opciones más sostenibles. Con el aumento de los precios del petróleo a raíz de conflictos globales, se hace evidente que avanzar hacia energías más limpias no solo es una responsabilidad ambiental, sino también una necesidad económica para asegurar el bienestar de los dominicanos en el futuro.
