La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su lucha contra la inmigración, implementando nuevas restricciones para la obtención de visas y revisando permisos migratorios. Este endurecimiento de las políticas coincide con un aumento significativo de detenciones y deportaciones en el país. En julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó 49,571 arrestos, la cifra más alta desde que Trump asumió su segundo mandato.
Las nuevas exigencias incluyen fianzas de hasta 20,000 dólares para ciudadanos de 50 países, entre los que se encuentran naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, se ha reactivado el criterio de “carga pública”, que complica la obtención de residencia permanente para inmigrantes que podrían depender de beneficios públicos. Esta ofensiva migratoria también afecta a quienes buscan asilo o están bajo programas de protección como DACA y TPS.
Uno de los eventos más recientes fue la suspensión temporal de citas para visas de inmigrante a nivel mundial, lo que generó críticas y demandas de organizaciones defensoras de inmigrantes. Una jueza federal de Nueva York había anulado previamente una suspensión que afectaba a 75 países, argumentando que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus atribuciones. Tras este fallo, se espera que se tomen acciones adicionales en los tribunales.
El panorama se complica aún más con la revisión de visas de turismo y negocios para aquellos que soliciten asilo tras su ingreso a EE.UU. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, indicó que se han identificado 420 personas que, bajo permisos diplomáticos, solicitaron asilo. La situación continúa en desarrollo, y se anticipan más reacciones y posibles litigios contra estas nuevas políticas migratorias.
