El Gobierno de Perú ha declarado hoy un estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por un período de 60 días, con el objetivo de combatir la creciente criminalidad y situaciones de violencia. Esta medida, que ya había sido implementada desde 2024, se ha ido ampliando para enfrentar el desafío que representa la inseguridad en estas áreas.
A través de un decreto supremo firmado por la presidenta Keiko Fujimori, se estableció que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Aunque los ciudadanos no notarán cambios inmediatos en las calles, la PNP utilizará inteligencia y estadísticas para determinar las zonas que requieren intervención.
El estado de emergencia conlleva restricciones a varios derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y de reunión, y se exige la autorización previa para actividades masivas. Además, se han conformado comités de fiscalización y se ordenaron operativos en áreas identificadas como problemáticas, incluyendo la trata de personas y el comercio ilegal de drogas.
Las Fuerzas Armadas también se encargarán de la vigilancia en los perímetros de los centros penitenciarios, donde se implementarán medidas como la limitación de luz en las celdas. Se espera que el uso de tecnología, como imágenes satelitales, ayude en la supervisión de zonas con alta incidencia delictiva. Aún no se han detallado los resultados de estas nuevas medidas.
