Una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ha sido presentada ante el Tribunal Constitucional, buscando la eliminación de una disposición de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal. Las organizaciones detrás de esta acción argumentan que esta disposición permitiría realizar interrupciones del embarazo sin el consentimiento informado de la mujer, lo que consideran una violación a la Constitución y a los derechos humanos internacionales.
La acción se centra en varios artículos de la legislación, específicamente los artículos 106, 107, 108 y 110, así como el artículo 111. Las organizaciones afirman que esta normativa afecta los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, ya que permite que se realicen procedimientos sin el consentimiento de la mujer o de sus familiares en caso de que ella no pueda expresar su voluntad.
Los grupos activistas sostienen que la discusión no debe centrarse en el aborto, sino en el derecho al consentimiento. Resaltan que ninguna intervención médica debería llevarse a cabo sin la autorización libre e informada de la persona involucrada. También mencionan que la normativa podría poner en riesgo a mujeres que, por convicciones personales o religiosas, optan por continuar con un embarazo a pesar de los riesgos médicos.
Por su parte, la acción no busca despenalizar el aborto forzado ni cambiar el artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción. Las organizaciones demandan que la excepción en el artículo 110 sea eliminada para que se garantice el respeto a la autonomía y dignidad de las mujeres en el ámbito médico. La decisión del Tribunal podría tener un impacto significativo en la interpretación de los derechos fundamentales en el contexto de la protección de la vida y la salud de las mujeres.
