En la República Dominicana, la reciente Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, ha suscitado preocupación entre los hospitales públicos. Esta normativa, en su artículo 111, introduce una eximente de responsabilidad penal que no funcionará automáticamente. Según abogados consultados, el personal médico deberá presentar evidencia clara de que se agotaron todos los recursos disponibles antes de proceder a una interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre o del feto.
Los abogados Edwing Yoel Pascual Hernández y Robinson Reyes indican que los hospitales públicos podrían verse expuestos a demandas por negligencia si no cuentan con los recursos necesarios en situaciones de emergencia obstétrica. La falta de equipamiento adecuado se convierte en un factor crucial para determinar si las acciones del personal de salud se ajustaron a la ley. Para protegerse de responsabilidades penales, los profesionales deben documentar exhaustivamente cada caso, demostrando que la intervención fue la única opción viable.
A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo sigue penalizada, el artículo 111 permite que el personal de salud actúe sin sanciones, siempre que se compruebe que todas las alternativas médicas fueron consideradas. Sin embargo, la legislación no especifica cómo los centros de salud deben demostrar esta situación, lo que plantea desafíos para su correcta implementación.
Ambos juristas coinciden en que es fundamental establecer un protocolo claro que guíe a los médicos en estos casos para prevenir futuros conflictos legales. La creación de un reglamento que detalle el procedimiento a seguir en emergencias obstétricas podría ser clave para evitar que los hospitales enfrenten demandas por parte de pacientes o familiares, asegurando así una atención médica adecuada y legalmente respaldada.
