Nicaragua ha decidido aplazar hasta septiembre la discusión de una reforma constitucional que busca excluir a los partidos opositores de las próximas elecciones. Esta medida, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, ha generado un fuerte rechazo internacional, dado el contexto político del país.
La Asamblea Nacional, dominada por el gobierno de Daniel Ortega, está trabajando en las leyes que permiten esta exclusión, argumentando que los opositores son «vendepatrias» y «golpistas» al servicio de Estados Unidos. La votación, que se esperaba para principios de agosto, será revisada por una comisión especial antes de su presentación ante el plenario.
Las críticas a la iniciativa no se han hecho esperar. La congresista estadounidense María Elvira Salazar califica de farsa el encuentro con diplomáticos extranjeros, instando a no legitimar lo que ella considera una dictadura. Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación, advirtiendo que no se quedarán de brazos cruzados ante esta situación.
A medida que se acercan las fechas de votación, la situación se vuelve más tensa. Nicaragua, que debía celebrar elecciones generales en noviembre, ha ampliado el mandato presidencial a seis años, lo que eleva la posibilidad de que Ortega y Murillo permanezcan en el poder hasta 2027. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos mientras el gobierno nicaragüense rechaza las críticas como injerencias en sus asuntos internos.
