El Ministerio Público ha decidido apelar la reciente sentencia que obliga a pagar RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, un imputado del caso Camaleón, tras la incautación de su celular. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que el fallo está plagado de errores procesales graves y que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario no tenía competencia sobre el caso al estar desapoderada desde octubre de 2025.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado han señalado que también cuestionarán la interpretación de la figura de la astreinte realizada por la magistrada, argumentando que se aplicó de manera inadecuada, resultando en una suma desproporcionada. La decisión judicial incluye el pago de RD$7,560,000 por la liquidación de una astreinte, relacionada con la entrega de bienes que, según la Pepca, ya fueron devueltos al imputado, quien reclama además un teléfono Samsung S3, valorado en aproximadamente RD$3,000.
Álvarez Carbuccia es uno de los acusados en el caso Camaleón, donde también están implicados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, entre otros. Se les acusa de una serie de delitos, incluyendo la emisión de certificaciones falsas para favorecer un esquema de corrupción que involucra adjudicaciones irregulares y contratos fraudulentos.
El proceso judicial, que fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, tiene su primera audiencia programada para el 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los imputados enfrentan graves cargos relacionados con corrupción y delitos de alta tecnología, lo que mantiene al caso bajo la atención pública mientras se espera el desarrollo de los próximos pasos legales.
