Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales dominicanos reportaron 8,045 sentencias en las que el Estado fue parte accionada, generando un desembolso total de RD$10,994,824,279.45 para cumplir con dichas decisiones. Este monto refleja una gran variedad de litigios, que van desde disputas tributarias hasta conflictos administrativos y reclamos de propiedad.
De las sentencias registradas, un total de 4,791 provienen de tribunales de primera instancia y 3,234 de cortes de apelación. La Junta Central Electoral lidera la lista con 4,525 sentencias, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, entre otras instituciones. Sin embargo, es importante aclarar que el número de sentencias no se traduce directamente en montos a pagar, ya que muchos casos son de menor impacto económico.
Los registros del Ministerio de Hacienda indican que, aunque se han realizado pagos significativos, las instituciones públicas tienen la capacidad de saldar condenas directamente desde sus presupuestos, lo que puede llevar a que no se refleje la totalidad de los pagos realizados. Por ejemplo, la Dirección General de Bienes Nacionales, con solo 18 sentencias pagadas, acumuló desembolsos por más de RD$3.8 mil millones, evidenciando que una sola condena puede tener un fuerte impacto financiero sobre el Estado.
Aún queda por definir cuántas sentencias están completamente saldadas y cuáles permanecen pendientes de pago. Más de RD$555 millones están en espera de cumplimiento, evidenciando que ganar un juicio no garantiza el cobro inmediato de la indemnización. La situación refleja la complejidad de las interacciones entre los ciudadanos y el Estado a través del sistema judicial.
