SANTIAGO.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha presentado una reforma constitucional al Congreso que busca restringir el acceso a la salud pública para aquellos condenados por crimen organizado y terrorismo. Esta iniciativa forma parte de su estrategia para combatir la delincuencia en el país.
A pesar de ser considerado uno de los países más seguros de América Latina, Chile ha enfrentado un alarmante incremento en los asesinatos y secuestros en la última década, impulsado por la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua. Kast, quien ha prometido una postura firme contra la criminalidad, indicó que los condenados estarán inhabilitados para acceder a ciertos beneficios públicos, incluidos salud y educación, durante su condena y por 15 años tras su cumplimiento.
La propuesta ha generado críticas dentro del propio gobierno, especialmente por parte de la ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió sobre la posible incompatibilidad de la reforma con otras leyes existentes. Aunque el ministro de la agenda legislativa, José García Ruminot, aseguró que las restricciones serán detalladas por el cuerpo legislativo, el camino hacia la aprobación en el Congreso parece complicado.
A pesar de que el gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras, cualquier modificación constitucional requiere del apoyo de cuatro séptimos del Parlamento, lo que podría forzar a Kast a buscar votos de la oposición. En un contexto donde la oposición sostiene que muchas de las medidas podrían implementarse sin necesidad de cambios legales, la situación se mantiene tensa mientras se esperan más reacciones sobre este controvertido proyecto.
