Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indican que en 2025, República Dominicana experimentó un notable desbalance entre los permisos de construcción otorgados y las obras registradas. Mientras que se aprobaron 1,362 permisos para edificaciones privadas, se contabilizaron 4,163 construcciones en total, marcando una diferencia de 2,801 proyectos.
La provincia de La Altagracia lideró este fenómeno, al recibir 264 permisos y registrar 1,642 construcciones, representando cerca del 40 % del total nacional. Santo Domingo fue la provincia con más permisos otorgados (290), aunque solo reportó 827 edificaciones. En este contexto, el Distrito Nacional y Santiago también se ubicaron entre las principales provincias en permisos y construcciones, aunque con cifras que revelan una clara discrepancia.
Entre otras provincias activas en el sector, San Juan, Azua y Samaná también reportaron un número significativo de construcciones. Sin embargo, Pedernales y Monte Plata fueron las que menos proyectos registraron, con solo un edificio cada una. Este crecimiento desmesurado plantea interrogantes sobre la regulación y fiscalización de las construcciones, áreas que deberían ser supervisadas por las alcaldías según la Ley 176-07.
Los especialistas advierten que este tipo de crecimiento sin planificación puede acentuar problemas como el abastecimiento de agua, la movilidad urbana y la gestión de residuos. A medida que se avanza en el desarrollo urbano, se hace crucial que las autoridades implementen estrategias que aseguren un crecimiento ordenado y sostenible, garantizando así la calidad de vida de los ciudadanos.
