La reciente suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 11 empresas asociadas con 10 senadores ha generado un debate intenso en el Senado. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), se implementó tras la entrada en vigor de la Ley 47-25, que prohibió a los legisladores y otros funcionarios ser proveedores del Estado.
Ricardo De los Santos, presidente del Senado, defendió la decisión, describiéndola como una simple notificación administrativa y aclarando que no se trata de una sanción. Aseguró que los senadores involucrados ya no tienen vínculos activos con las empresas mencionadas y que algunos de ellos solo figuraban como accionistas en el pasado.
El senador Antonio Marte, uno de los afectados, enfatizó que la situación no es nueva, ya que desde 2020 el Senado había advertido sobre compañías que no podían participar en licitaciones públicas. Por su parte, la diputada Soraya Suárez argumentó que la suspensión es un cumplimiento necesario de la normativa constitucional, subrayando que no ha visto pruebas de que estas empresas hayan contratado con el Estado.
La DGCP confirmó que la suspensión fue ejecutada de oficio el 19 de junio, tras el vencimiento del plazo para que los funcionarios optaran por la suspensión voluntaria de sus registros. Este año, se han suspendido un total de 81 registros de proveedores relacionados con funcionarios, en cumplimiento de la nueva legislación. La situación sigue generando preguntas sobre las implicaciones de esta medida y cómo afectará a los legisladores involucrados.
